La Estrategia de Competencias de la OCDE afirma que las competencias se han convertido en la divisa internacional de las economías del siglo XXI: en una sociedad global, basada cada vez más en los conocimientos, es necesario invertir en formación y actualizarla conforme a la evolución constante de los requerimientos de los mercados laborales.[1]
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores.
La formación profesional está orientada tanto al desarrollo personal y al ejercicio del derecho al trabajo, como a la libre elección de profesión u oficio y a la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del empleo a lo largo de toda la vida. Además, Los sistemas de educación y formación profesional han demostrado ser una herramienta útil a la hora de garantizar el empleo juvenil y posibilitar una buena transición entre formación y vida laboral.
Por ello, las diferentes acciones formativas de formación profesional se integran en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, uno de cuyos fines esenciales es promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a quienes se destina, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de promoción profesional.
La formación profesional comprende una formación modular que constituye una alternativa, o un complemento, no solo a los estudios secundarios obligatorios y no obligatorios (Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato) sino también a las enseñanzas universitarias. Cada curso se incrementa el número de estudiantes con estudios superiores, finalizados o no, que demandan esta formación. La principal diferencia del sistema educativo español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo de alumnos y alumnas que transitan por nuestra Formación Profesional. Esta situación incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad de nuestra economía, limitando las opciones vitales de muchos jóvenes.[2]Constituye, además, uno de los pilares fundamentales en las sociedades modernas para aumentar la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas. En el contexto de crisis económica que se está produciendo en estos años, los países de la Unión Europea están llevando a cabo numerosas acciones para, a través de la Formación Profesional en régimen de alternancia con el trabajo productivo, promover medidas para paliar el importante paro juvenil y promover la mejor cualificación profesional y especialización de los jóvenes combinando el proceso de enseñanza aprendizaje del centro formativo con el aprendizaje y trabajo en la empresa. [3]
Uno de los factores, si bien no el único, que más han contribuido a la falta de comprensión de los sistemas de formación profesional en nuestro país ha sido la confusión o el desconocimiento y falta de diferenciación, entre estas modalidades formativas. Aderezado con la incomprensión o desaire, por parte de docentes y formadores, de las ventajas y grado de complementariedad de las modalidades presentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Los datos no son alentadores, a tenor del último informe de la OCDE en España, de la población adulta joven (25-34 años) que ha alcanzado como máximo el nivel de segunda etapa de Educación Secundaria, casi el 55% ha estudiado Bachillerato, mientras que el 45% restante ha realizado un programa de otras enseñanzas profesionales. La media de los países de la OCDE refleja una situación diferente: 41% en programas generales y 59% en enseñanzas profesionales.[4]
Al comparar los países europeos con información desagregada por tipo de orientación, se observa que Portugal y Grecia, junto con España, presentan un porcentaje menor de la población que ha terminado un programa de formación profesional (por debajo del 45%). Por otro lado, Alemania, Países Bajos, Italia y Francia presentan los mayores porcentajes de población en los programas con orientación profesional (por encima del 70%).
El concepto, en nuestro país, quizá debido a décadas de desmerecimiento o reticencia hacia estas enseñanzas, más que a la puesta en valor de sus bondades y beneficios, ha sufrido una transformación por extensión en su ámbito de aplicación que ha ido pareja a los cambios jurídicos que desde el ámbito educativo y laboral se han producido en los últimos quince años[5]. Sin embargo, este proceso no ha logrado situar estos estudios y formación en su justa ubicación pre laboral y alternativa prestigiada frente los sobre demandados estudios universitarios. Al contrario de lo que sucede en los países nórdicos y centroeuropeos en los que estas enseñanzas constituyen el eje vertebrador de la formación y la autonomía vital, y económica, de los jóvenes europeos.
Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos.
